dimecres, 23 de gener del 2013



He encontrado esta entrevista de un experto en Salut  de la Universitat Pompeu Fabra.

Las reflexiones a las que invita son muy interesantes. Es de hace unos meses pero no ha caducado.




ENTREVISTA / JOAN BENACH

“Los recortes sociales están acabando con el derecho a la salud”

El experto en salud de la Universidad Pompeu Fabra denuncia la "agenda oculta" de privatizaciones del Gobierno catalán


El profesor y experto en salud pública de la Universidad Pompeu Fabra Joan Benach. / JOAN SÁNCHEZ
Joan Benach es experto en salud pública, profesor de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y coordinador del Grupo de Investigación sobre Desigualdades en la Salud (GREDS-Emconet) de dicha universidad. En el libro La sanidad está en venta (Icaria), del que es coautor, avisa de que los recortes erosionan los servicios sanitarios y aumentan las desigualdades. En la obra —firmada junto con los expertos Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde—, los autores razonan que estamos ante una evolución del sistema hacia una sanidad “mercantilizada”, que rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social, destruye el derecho a la sanidad y “abre paso al clasismo, la discriminación y la desigualdad”. Las reformas, defienden, constituyen un “golpe de Estado” contra un logro colectivo.
Pregunta. ¿Es la salud un bien privado que depende de uno mismo, tal como sostiene el consejero de Salud, Boi Ruiz?
Respuesta. Desde el punto de vista de la salud pública, esas declaraciones son indefendibles. La salud pública o poblacional no depende fundamentalmente de factores genéticos o los mal llamados estilos de vida; ni siquiera de la atención sanitaria. La Organización Mundial de la Salud habla de las “causas de las causas”, es decir, los determinantes sociales de la salud: la distribución de la riqueza, la educación, la situación laboral... Son esos factores los que determinan la salud de la ciudadanía. Las declaraciones de Boi Ruiz son irresponsables y reflejan los valores de un determinado sector social que el consejero representa.
P. La diferencia en la esperanza de vida de los habitantes de un barrio rico y un barrio pobre de Barcelona o Madrid puede superar los cinco años. ¿Por qué?
R. Las personas se agrupan y viven en barrios distintos según diversos factores, como la clase social, su origen étnico y la condición de ser inmigrantes. Esos barrios tienen distintos servicios, la calidad del aire que se respira varía, etcétera. Esas diferencias sociales se reflejan en las desigualdades en salud. En epidemiología social se utiliza el concepto de incorporación para explicar cómo los determinantes sociales afectan a la biología y generan enfermedad.
P. ¿El sistema público de salud está pensado para reducir esas desigualdades?
R. Aunque los sistemas de salud no son el factor más importante, sí ayudan a reducir las desigualdades en el acceso y la calidad de la atención sanitaria. El sistema sanitario español universal, gratuito y de calidad, ha sido muy importante. Basta con mirar hacia Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo, donde el gasto en sanidad es mucho mayor, y en el que 50 millones de personas no tienen cobertura.
P. El recorte del presupuesto de Salud, del 10% en un año, ¿pone en peligro el papel del sistema sanitario público como amortiguador de desigualdades?
R. Una reducción de ese calado tiene consecuencias claras sobre la calidad y la equidad del sistema. Los recortes influyen en los servicios. Ya hemos visto cómo han aumentado las listas de espera, que son un indicador básico de calidad del sistema. Además, en un sistema tan centrado en los hospitales y con una red de atención primaria débil, los recortes aumentarán la desigualdad y la mortalidad y empeorarán los indicadores de salud de la población.
P. ¿Es el sistema de salud insostenible?

“Los estudios indican que el copago es injusto y nada equitativo”
R. Se repite una y otra vez, pero Cataluña y España gastan menos en atención sanitaria que el promedio de países de la UE y la deuda acumulada del sistema no es tan grande. Claro que hay margen de mejora en la eficiencia: gastamos poco en atención primaria, donde con poco se consiguen grandes resultados, y demasiado en farmacia. Aun así, tenemos un buen sistema para el nivel de gasto existente. Que haya margen de mejora no se puede utilizar como excusa para un cambio de modelo. Medidas como aumentar los impuestos a la gran banca y a las grandes fortunas y empresas, así como combatir con dureza el fraude fiscal, nos dotarían de muchos miles de millones para sanidad.
P. En el libro afirman que vamos hacia una sanidad dual. ¿A qué se refieren?
R. Vamos hacia una sanidad para ricos y otra para pobres más cercana a la beneficencia. Las políticas neoliberales y los recortes de los Gobiernos catalán y español están acabando con el derecho a la salud. Si logran que las clases medias abandonen el sistema público, se acabó la universalidad.
P. ¿Por qué?
R. Si las clases medias tienen que pagar el sistema público a través de impuestos y al mismo tiempo una mutua privada, porque el sistema público está degradado, no les saldrá a cuenta utilizar el sistema público. Se dedicarán menos recursos a la red pública, que se convertirá en un sistema para pobres. El sistema privado de salud y el público son vasos comunicantes. Para que el privado crezca, primero hay que debilitar el público. No hay que olvidar que las personas que pagan una mutua todavía van a los hospitales públicos cuando sufren un problema grave de salud.
P. ¿El euro por receta y el copago, como la propuesta de abonar cinco euros por noche en el hospital, ponen en peligro el sistema?
R. El copago tiene efectos negativos sobre la equidad: es un obstáculo para que ciertos grupos, como ancianos, discapacitados, inmigrantes y las clases pobres accedan a los servicios. En España hay más de un 20% de hogares pobres. A pesar de lo que dijo el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, de que ocho euros al mes en medicinas es “un café a la semana”, los estudios muestran que el copago es injusto y no equitativo.
P. El consejero Andreu Mas-Colell acaba de pedir que las rentas altas abonen el 100% de las recetas. ¿Está de acuerdo?

"Vamos hacia una sanidad para ricos y otra para pobres cercana a la beneficencia"
R. Es una medida injusta, ya que la sanidad debe ser universal independientemente de la condición social, e ineficiente porque aumentará los costes administrativos. Los ejemplos históricos muestran que los modelos más justos se construyen a través de una financiación suficiente vía impuestos a los que más tienen y dentro de un sistema fiscal adecuado que persiga el fraude.
P. ¿El Gobierno catalán tiene una agenda oculta en lo que se refiere a la salud?
R. Hay indicadores que así lo sugieren. Crean miedo de una forma astuta y, a veces, sutil. Actúan con total falta de transparencia y, en algunos casos, inmersos en claras situaciones de conflicto de intereses. Hay una agenda que pretende favorecer lo privado en detrimento de lo público.

dimarts, 22 de gener del 2013

«Hola, soy tu hígado», campaña en clave de humor para prevenir enfermedades hepáticas.


Más de dos millones de personas en España, el seis por ciento de la población, sufre algún tipo de alteración hepática. Detrás del carácter asintomático de la enfermedad se encuentra la principal razón de su alta incidencia, por lo adoptar medidas de prevención resulta la mejor arma para prevenirlas. Para concienciar a la población Cruz Roja Española, en colaboración con Janssen, finaliza este fin de semana en Madrid su campaña nacional «Hola, soy tu hígado», puesta en marcha para promocionar, a través de monólogos humorísticos, hábitos de vida saludables y sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar el hígado y la necesidad de prevenir las enfermedades hepáticas. Mediante el formato de monólogo humorístico, se pretende llevar los mensajes a más de 9.000 personas en las principales ciudades de España. A ellas se suma el numeroso seguimiento que ha tenido a través de las redes sociales, especialmente en Youtube, Twitter, Facebook, el canal de televisión de Cruz Roja en Internet y la propia web de la campaña www.holasoytuhigado.com. El monologuista Goyo Jiménez fue el encargado, el pasado mes de octubre en Madrid, de dar el pistoletazo de salida a la campaña que, de la mano de su colega Txabi Franquesa ha pasado por Santiago de Compostela, Bilbao, Sevilla, Valencia y Barcelona y finaliza ahroa su primera etapa regresando a Madrid. Esta innovadora iniciativa, pionera en el campo de la prevención de la salud, tiene por objetivo «acercarnos, por medio del humor y con una sonrisa a un tema que puede ser árido y farragoso y así conseguir también que se adopten hábitos de vida saludables y de prevención», explica Juan Jesús Hernández, responsable del Plan de Salud de Cruz Roja Española.
Entre las principales enfermedades hepáticas en España se encuentran las originadas por el consumo de alcohol, el denominado hígado graso, trastornos metabólicos y las hepatitis virales, en concreto la hepatitis C como la más frecuente y que afecta a 700.000 españoles. La hepatitis C crónica suele contraerse bien por vía parenteral, a través de la sangre, o por contacto sexual con una persona ya infectada por el virus C, de ahí que sea preciso, «impulsar campañas informativas sobre las vías de contagio, así como iniciativas que fomenten la prevención, alertando sobre las prácticas de riesgo», advierte el doctor José Luis Calleja, hepatólogo del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid.

dilluns, 21 de gener del 2013

Lorena Moyano diu: "Suspendido el euro por receta en Cataluña"


DIARIO EL PAIS 16 enero 2013
El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido temporalmente, durante cinco meses, la aplicación del euro por receta en Cataluña. Por su parte, Madrid mantiene su implantación hasta que reciba alguna notificación de la Justicia.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra este cobro aprobado por la Generalitat de Cataluña el pasado marzo, lo que implica la suspensión como medida cautelar durante al menos cinco meses. El Ejecutivo de Mariano Rajoy planteó el pasado diciembre un recurso de inconstitucionalidad y el pasado viernes anunció que también lo planteará para el copago en la Comunidad de Madrid. El razonamiento del Gobierno se basa en la tesis de que las comunidades autónomas no pueden decidir sobre el precio de los medicamentos. En el momento de su aprobación, el Sindicato de Enfermería SATSE en Catalunya, mantuvo que implantar un euro por receta médica suponía "gravar aún más a los colectivos más débiles, como son ancianos o crónicos"

Aixo Correspon a Denis Groza o Cirujano


¿Qué medico privado debe operar al paciente público?

La Comunidad de Madrid, preocupada por las listas de espera quirúrgicas desde que Esperanza Aguirre prometió dimitir si eran demasiado largas, decidió en 2007 suscribir un contrato marco para habilitar a determinadas clínicas y poder derivarles operaciones. Lo llamó Ocaña, y desde entonces ha estado adjudicando lotes de intervenciones quirúrgicas, como en una especie de subasta, en función de la puntuación que los centros obtuvieron en aquella acreditación hace ya más de cinco años. El contrato, sin embargo, solo tenía un plazo de ejecución de dos años. Y se ha estado prorrogando sin que las clínicas hayan tenido que volver a aportar la información sanitaria que proporcionaron entonces, tal y como confirman dos de ellas.

La opacidad de este sistema de derivaciones, del que ni siquiera se informa en las memorias anuales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), es tal que la Consejería de Sanidad se ha negado en repetidas ocasiones a facilitar a este diario los pliegos de condiciones y a responder a las preguntas sobre el control que ejerce sobre las clínicas tanto tiempos después de haberlas acreditado. Solo en 2012 la sanidad pública derivó a la privada a través del contrato marco Ocaña operaciones por las que pagó 16,5 millones de euros, según un recuento de adjudicaciones realizado por este diario. En ellas se aprecia cómo, por ejemplo, en el caso de las cataratas, las intervenciones se subastan en lotes de 300. Los precios que cobran las clínicas varían: van desde los 525 euros a los 637.

El contrato marco Ocaña se firmó el 28 de mayo de 2007. Era un concurso al que se presentaron las clínicas que querían realizar operaciones de lista de espera para la sanidad pública. La Consejería de Sanidad hizo una selección y a cada empresa le atribuyó una puntuación técnica. “Nos pidieron una serie de documentos y las que superaron los requisitos entraron”, cuentan desde una de las clínicas. El plazo de ejecución del contrato era de dos años. Sin embargo, el Ocaña sigue vigente. La única información que ha proporcionado la Consejería de Sanidad es que tiene previsto renovarlo “próximamente”. Los presupuestos de 2012 ya preveían esa renovación, que supondría volver a acreditar a las clínicas receptoras de pacientes.

Sí, la sanidad española es rentable

La canción es tajante: lo importante son salud, dinero y amor. Dejando al margen el tercero, que es imprevisible aunque no independiente de los otros dos factores, la relación entre la riqueza y el estado físico de las personas no es tan lineal como podría pensarse. Cierto que hace falta un gasto mínimo para asegurar el bienestar, y que, desde luego, los países más pobres no pueden aspirar a ser los más longevos, pero parece que, una vez pasado un umbral de gasto por persona (en la OCDE, ninguno de sus miembros baja de 500 euros por habitante y año), hay otros factores —culturales, genéticos, climáticos, políticos— que influyen tanto o más que el dinero que se dedica al sistema sanitario.
Porque si todo fuera cuestión de dinero, nadie tosería a los estadounidenses. Ellos deberían ser los más sanos, los más longevos, los menos obesos. Los 8.233 dólares (6.195 euros) que, según la OCDE, gastó por persona en salud en 2010 son casi el triple que los 2.300 euros de España, o un 53% más que la inversión de Noruega, la segunda en la lista.
Esta desproporción preocupa a los investigadores estadounidenses, que constatan cómo esa abrumadora superioridad financiera no se corresponde con ventajas para la población. El último aldabonazo ha venido de un estudio de la National Academy of Sciences, la National Academy of Engineering, el Institute of Medicine y el National Research Council.

Algunos ejemplos de esta ineficacia del sistema estadounidense son los datos de esperanza de vida media. Uno de los indicadores que José Manuel Freire, profesor de la escuela Nacional de Sanidad, apunta como más indicativo. En el estudio, que solo se fija en 17 países, Estados Unidos y 16 de los más desarrollados, Suiza ocupa el primer puesto en hombres (79,33 años) y Japón en mujeres (85,98, con datos de 2007). España es novena y quinta, respectivamente; Estados Unidos,

Visto desde el otro lado del cristal, midiendo las muertes, los resultados son coherentes: la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes de Estados Unidos es la más alta (504,9); España ocupa el lugar decimotercero (397,7, la misma cifra que Francia). El último es Japón (349,3).

El estudio incluye muchos más indicadores. Por tomar otro que es clave, los años de vida perdidos antes de los 50, por todas las causas (enfermedades infecciosas, cardiovasculares, problemas nutricionales, dolencias no infecciosas excluyendo las cardiovasculares, lesiones intencionadas o accidentales, consumo de drogas) Estados Unidos sale peor que la media. Cuando se toman en conjunto, la proporción de Estados Unidos es casi el doble que en la media de los 17 países.
Freire, quien aparte de académico ha vivido una temporada en EE UU, señala que “en muchos casos, los resultados de estos indicadores tienen que ver con factores externos”. “Los asesores de Obama lo han trabajado mucho, y se han centrado en la desigualdad”. De ahí su intento de reforma sanitaria. “De todos los factores que intervienen, la pobreza relativa y la desigualdad social son los que más influyen, y en ese sentido EE UU es de los más desiguales”, indica.

Japón tiene la menor tasa de mortalidad: 349 por 100.000 habitantes

Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economistas de la Salud, coincide. “La atención sanitaria es uno de los determinantes de la salud”, indica. “Es importante, pero no lo único: la renta (y su distribución), la educación, las decisiones individuales (hábitos) y colectivas (entornos y elementos institucionales) influyen de manera decisiva en la salud de las personas y las poblaciones y ayudan a explicar por qué países que invierten menos recursos en el sistema sanitario presentan mejores resultados en salud”, señala. Por tanto, las políticas sanitarias (y el gasto que las acompañan) no son las únicas políticas de salud relevantes.
David Cantarero, director del máster en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios y Sociales de la Universidad de Cantabria parte de una premisa: “Respecto a si más gasto sanitario no es siempre mejor, siendo realistas habría que precisar que en otra situación económica diferente a la actual no se discutiría”. En España, en “las dos últimas décadas se observa que al aumentar el gasto sanitario público baja la mortalidad infantil y años potenciales de vida perdidos, subiendo en cambio la esperanza de vida”. Pero admite que “existen ciertos niveles de gasto a partir de los cuales a nivel macro los resultados en salud no mejoran significativamente”. En EE UU “esa correlación no se produce quizás debido a sus altos costes administrativos, su fundamento básico privado y a que los precios sanitarios y farmacéuticos son entre un 30% y un 50% mayores que en el resto de la OCDE”, apunta entre otros motivos.
Los expertos estadounidenses no son ajenos a estas apreciaciones y destacan, precisamente, que uno de los problemas sanitarios de EE UU está en los hábitos de los ciudadanos. “Aunque los americanos fuman actualmente menos, y tienen una menor tendencia a beber de forma abusiva que los habitantes de los otros países del estudio, son los que más calorías por persona consumen, tienen mayores tasas de abuso de drogas, son menos propensos a usar los cinturones de seguridad, están implicados en más accidentes de tráfico que incluyen consumo de alcohol, y tienen una mayor tendencia a utilizar armas de fuego en actos de violencia”, apuntan.


Es indispensable llegar a un mínimo de inversión para asegurar la salud

“El riesgo para la salud y bienestar no vendría solo por la parte sanitaria, sino por la erosión de otros factores no sanitarios de la salud. Así pues más gasto en atención sanitaria no garantiza siempre mejores resultados en salud. Piénsese en que, por ejemplo, a nivel individual, el beneficio en salud a partir de ciertos niveles es decreciente”, indica Cantarero. “Estados Unidos, gastando un 17,6% del PIB en sanidad, es un buen ejemplo de cómo siendo el país que más gasta del mundo tienen peores indicadores en salud en algunos casos que México gastando 6,2% del PIB”.
Oliva insiste en los factores extrasanitarios. Por ejemplo, afirma que “prolongar las ayudas al desempleo en este contexto de crisis es mucho mejor política de salud (y de bienestar) que abrir nuevos hospitales; o que el desentendimiento con políticas de salud laboral o de políticas de educación para prevenir la obesidad infantil no tienen reflejo en el gasto sanitario a corto plazo, pero sí a medio y a largo plazo”.
El diagnóstico de los malos resultados de EE UU parece claro. Lo que no lo está es cuánto tiempo va a seguir esto así. “Con las vidas y dólares que están en juego, el país no puede permitirse ignorar este problema. Una solución obvia es intensificar los esfuerzos en salud pública”, concluyen los expertos estadounidenses. Zarco resume: “Ellos están en fase de expansión de las políticas públicas. Aquí es al revés”. Puede ser cuestión de tiempo que los indicadores se intercambien.

¿Quién es el mejor?

Para los gestores sanitarios españoles —y entiéndase gestores en el sentido más amplio: desde ministros o consejeros hasta presidentes de colegios médicos, de sociedades científicas, gerentes o directores de ambulatorio o de servicio— el año 2000 está marcado en letras de oro. Si la sanidad necesitaba un mantra al que aferrarse, un lema del que presumir, un informe de la Organización Mundial de la Salud lo facilitó con creces. En aquel estudio, la organización se atrevió por primera —y última— vez a hacer una clasificación por países. Y, ¡sorpresa!, España quedó en séptimo lugar. Desde entonces no hay discurso, manifiesto ni manifestación que no recuerde que el sistema sanitario español es (o al menos lo era hace 12 años) “uno de los mejores del mundo”.
Y, más mérito aún, España era séptima siendo el país 24º en gasto por persona. Además, la lista era cuando menos, peculiar. Los dos primeros, Francia e Italia, eran competidores de respeto y, por así decirlo, competencia directa. Pero los siguientes (San Marino, Andorra, Malta y Singapur) eran o muy pequeños, o muy exóticos.
Casi más importante era que potencias como Reino Unido (18), Alemania (25) y Estados Unidos (38) estaban muy por detrás.
Aquella lista fue un bombazo. Si la OMS quería publicidad (todavía no se había hecho famosa por otros aspectos, como la gestión de las distintas gripes y virus de la última década), lo había conseguido de plano. Pero la lista no le salió gratis. Las críticas le llovieron a la organización. ¿De verdad uno preferiría irse a Malta a que le trataran si tuviera una enfermedad grave? ¿Un estadounidense iba a recibir mejor atención yendo a Omán —octavo país de la lista—?
Aquel éxito mediático se convirtió en un conflicto académico. Porque la verdad es que no hay una forma consensuada de medir la calidad de los sistemas de salud. Hay indicadores universales (esperanza de vida, mortalidad, o el más específico de años que se pierden por culpa del sistema), pero en la clasificación de la OMS había otros indicadores (acceso universal y gratuito, tratamiento del embarazo y mortalidad infantil) que penalizaban a los países punteros en investigación, pero con más dificultades de acceso. Pero es que promover esos aspectos es uno de los objetivos de la organización, y la lista obedecía a sus intereses.
Nadie después se ha atrevido a hacer una clasificación similar. Por ejemplo, en Europa, una consultora, Health Consumer Powerhouse, financiada por la UE, saca un informe bienal. El trabajo se centra en un aspecto de mucho interés: el papel que los sistemas de salud dan a los pacientes. España suele salir bastante mal (en el puesto 24 de 34 países). Normal que casi nadie les haga caso.

Nou centre per l'atenció de l' esclerosi múltiple a Catalunya.

Companys, us adjunto una noticia sobre un nou centre per a l´esclerosi múltiple a Catalunya, una malaltia molt cruel la qual ha viscut un familiar meu i sincerament, cal tenir-la molt present. Feu-li una ullada i opineu...

http://www.vhebron.net/actualidades/-/asset_publisher/gCy8/content/obre-les-portes-a-vall-d-hebron-el-nou-centre-d%E2%80%99esclerosi-multiple-de-catalunya?redirect=http://www.vhebron.net/actualidades%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gCy8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_nJSO2M7UsyOO__column-2%26p_p_col_count%3D2

PENJO UNA ALTRE NOTICIA, L'ALTRE ESTÀ REPETIDA!!!!

PENJO UNA ALTRE NOTICIA, L'ALTRE ESTÀ REPETIDA!!!!!


El 'IVA sanitario' obligará a las autonomías a reducir el material hospitalario


El IVA sanitario obligará a reducir el material hospitalario en los centros públicos. Las comunidades autónomas --principales prestatarias del servicio-- deberán pagar hasta 800 millones de euros más al año cuando compren escáneres, aparatos de rayos X, vendas, tiritas, jeringas, protectores, termómetros clínicos, guantes estériles...

La lista incluye buena parte de los productos que necesitan los pacientes en sus tratamientos. La abrupta subida del impuesto, y por lo tanto del coste, debilita aún más el servicio público, que se enfrenta a una suerte de nuevo recorte presupuestario. El gobierno español ha entablado conversaciones con la Comisión Europea (CE) para reducir el número de referencias afectadas y amortiguar, de esta manera, el impacto.

La sentencia

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha emitido una sentencia que obliga a España a incrementar el IVA del 10% actual al 21% para este tipo de artículos. La resolución afecta especialmente a las autonomías, que representan al 80% de los clientes habituales de esta industria.

Fuentes de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) apuntan que la facturación del sector es de 7.700 millones de euros y sobre esta cantidad, se pagaban 770 millones por IVA. Ahora, con el incremento en 11 puntos, la cifra se dispara hasta 1.600 millones. Por ello, los gobiernos autonómicos verán reducida la capacidad de compra.

Artículos afectados

La lista de productos incluidos en el nuevo IVA es extensa: desde las sillas de ruedas, hasta los escáneres y los TAC que utilizan los hospitales. Pero también afecta a los pacientes de la sanidad privada. Se encarecen desde gafas y audífonos, hasta implantes y prótesis de traumatología, cardiología u oftalmología. Tan sólo se libran de pagar el 21% aquellas personas que demuestren una minusvalía igual o superior al 30%, tal y como recoge la legislación vigente.

Fenin asegura que han luchado con uñas y dientes junto con al Gobierno para evitar la aplicación del nuevo IVA. Afirma que el sector se enfrenta a una subida del 300% del tipo impositivo en los últimos dos años.

“Esta sentencia rompe el principio de equidad entre ciudadanos”, además de representar dificultades para el acceso de los pacientes a estos productos, apunta la federación. Teme que se agrave la situación de endeudamiento de las comunidades autónomas en el sector de la tecnología sanitaria, que en estos momentos asciende a 3.000 millones.

Negociación con Europa

Por su parte, fuentes del Ministerio de Hacienda han asegurado que la sentencia es de obligado cumplimiento pero no requiere una aplicación inmediata. El incremento impositivo se podría dar en un plazo de uno, dos o tres meses. En este periodo deberían desarrollarse las negociaciones para reducir la lista de material encarecido.

El Gobierno ha destacado en reiteradas ocasiones que los fármacos no verán incrementado el precio, ya que mantendrán el tipo superreducido del 4%. El fallo del Alto Tribunal obliga a modificar la ley para aplicar el nuevo IVA, una adaptación parlamentaria que todavía no tiene fecha determinada.

Antecedentes

La sentencia hecha pública por la UE tiene su origen en un procedimiento de infracción que la CE inició en marzo de 2010. Después, se publicó una carta de emplazamiento para adaptar la ley a la normativa europea, a la que le siguió un dictamen en noviembre y la posterior interposición de una demanda en junio de 2011 que ha acabado este jueves con el fallo del tribunal.

Decenas de municipios se quedan sin urgencias nocturnas en toda España

El caso de Castilla-La Mancha, que ha decidido cerrar por las noches los servicios rurales de urgencia que dan servicios a 21 municipios, no es único. Los recortes y las maniobras de equilibrio presupuestario de las comunidades autónomas han llevado a otras regiones a tomar la misma decisión. El hachazo a los presupuestos sanitarios de Gobierno y autonomías de al menos 7.300 millones de euros de 2010 a 2012 derivó primero en cierres de plantas hospitalarias, reducción de horarios de centros de salud y recortes de personal en la mayoría de las comunidades. Medidas a las que han seguido el cierre nocturno en Cataluña, Madrid, Castilla y León, Navarra, Extremadura y Murcia -la Comunidad Valenciana no lo descarta- de decenas de servicios de urgencias de atención primaria. Centros que dan solución a centenares de miles de casos que no son graves, y que llevaban años potenciándose para liberar las urgencias hospitalarias.
Las autoridades justifican los cierres en la baja actividad de estos puntos y en la necesidad de reducir presupuestos. Sin embargo, los expertos alertan de que el ahorro teórico supondrá un mayor coste a largo plazo por derivaciones innecesarias a las urgencias hospitalarias o por las complicaciones derivadas de la tardanza en la asistencia. “Son servicios esenciales que dan tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. Cierto que no están para atender casos graves, pero dan buena atención y también actúan como filtro. No pueden cerrarlos a las bravas”, advierte Tomás Toranzo, presidente de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias. La Defensora del Pueblo anunció ayer que vigilará estos cierres para garantizar que ningún ciudadano se quede sin acceso “fácil e inmediato” a estos servicios. Una atención que, pese a las medidas iniciadas por las autonomías, la ministra de Sanidad, Ana Mato, considera garantizada. "Estoy absolutamente convencida de que todas las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias lo que están haciendo es garantizar una sanidad pública, de calidad y gratuita para todos los ciudadanos", dijo ayer.
CATALUÑA
“Como cerrar parques de bomberos porque no hubo incendios”
Pionera en los recortes en sanidad, la Generalitat canceló en 2011 las urgencias nocturnas en 60 ambulatorios de un total de 140 que abrían durante todo el día. El Departamento de Salud defendió que el llamado “plan de reordenación” no buscaba solo el ahorro, sino una utilización más racional de los recursos. Eran servicios “poco frecuentados”, argumentó el consejero, Boi Ruiz. El razonamiento no convenció a centenares de vecinos, que durmieron durante meses en varios ambulatorios de toda Cataluña como medida de presión, ni tampoco a los alcaldes.
“Es como decir que cierras un parque de bomberos porque este año no ha habido incendios”, afirmó Esteve Pujol, alcalde de Camprodon. El cierre de las urgencias nocturnas fue acompañado de la designación de un centro de referencia (hospital o ambulatorio) para los vecinos afectados situado en un pueblo o barrio que concentra la atención sanitaria de todo ese territorio. La necesidad de desplazarse en coche, a veces en trayectos de más de media hora, ha generado muchas críticas entre los vecinos.
En lugares de montaña y de difícil acceso, como el valle de Camprodon, los desplazamientos son complicados en invierno. “Desde algunos núcleos se tarda más de una hora en llegar al hospital, por carreteras que muchas veces están nevadas”, se quejó el alcalde. En algunos casos, como en el pueblo de Arbúcies, situado en las faldas del Montseny, los vecinos consiguieron que el departamento les asignase un médico de guardia localizable por las noches. “Lo tenían en un barracón y se movía en un taxi pagado por la consejería”, explicó Albert Mañé, concejal de Salud. Desde hace unos meses ya no hay ni médico: solo queda una ambulancia medicalizada para los casos urgentes.
La gestión del nuevo sistema recae sobre el Sistema de Emergencias Médicas, cuyos profesionales deciden basándose en lo que le explica el enfermo o un familiar del mismo por teléfono si es necesario enviar un médico, una ambulancia o un helicóptero. Este funcionamiento por teléfono ha generado muchas críticas. “Se han producido varios errores de diagnóstico por culpa de este procedimiento”, criticó Pujol, que denuncia que en Camprodon, además, hay lugares sin cobertura de teléfono.
CASTILLA Y LEÓN
Urgencias a media hora por puertos de montaña
Desde el 1 de octubre, 81 pueblos castellanoleoneses, con sus más de 40.000 habitantes, se han quedado sin servicio de urgencias nocturnas en 17 centros rurales. Los vecinos se ven obligados ahora a recorrer decenas de kilómetros, incluso puertos de montaña por vías estrechas para llegar a los centros de salud abiertos de noche. La Junta justifica la decisión por la baja frecuentación en horario nocturno, que en algunos puntos de atención continuada (PAC) “no llegaba ni a un caso por noche”, explica una portavoz. “Disponíamos de dos médicos para atender dos o tres urgencias nocturnas”, añade, y subraya que “en todas estas zonas de salud existe una unidad de soporte vital básico para el transporte urgente”. La Junta calcula un ahorro de 1,5 millones de euros.
Las localidades afectadas se extienden por todas las provincias, excepto Ávila. Solo en Segovia se han cerrado seis. En Burgos, los centros de Oña y Pradoluengo ya no abren de noche. Esta última localidad atendía a una quincena de Ayuntamientos de la Sierra de la Demanda, zona que además de contar con tres residencias de ancianos es de difícil acceso. En León se han cerrado los servicios de Tremor de Arriba en La Bañeza y el de Quintanilla de Losada, cuyos habitantes ahora recorren 17 kilómetros hasta Truchas, más de media hora de viaje por puerto de montaña.
EXTREMADURA
Seis meses con recortes en más de 15 servicios de urgencias
“Monago, los que van a morir te saludan”. Este ha sido uno de los lemas utilizados por los miles de extremeños que desde mayo del año pasado se han movilizado en contra del cierre de los puntos de atención continuada (PAC), que ofrecían urgencias en entornos rurales, en la región. El Gobierno extremeño anunció y ejecutó en cuestión de días el cierre de 15 PAC y redujo el horario de otros nueve. Los vecinos de las zonas afectadas han realizado decenas de movilizaciones. En diciembre, ante las críticas del PSOE e IU (que sostiene al Ejecutivo del PP con su abstención), el consejero de Salud, Luis Alfonso Hernández Carrón, anunció que estos servicios se iban a “reorganizar con criterios de eficiencia”.
El Gobierno extremeño está elaborando un informe para determinar el impacto de la medida y “revaluarla en caso de que sea necesario”. Esperan tener el resultado antes de marzo. Entre tanto, algunos de los municipios afectados, como Madroñera, un pueblo de Cáceres de unos 3.000 habitantes y uno de los más beligerantes en este tema, continúan con las movilizaciones. “Nos hemos manifestado, le hemos entregado 2.000 firmas al presidente de la Junta [José Antonio Monago]”, explica Isabel Moza, portavoz de la plataforma ciudadana contra el cierre del PAC.
Según Moza, se enteraron de la noticia dos días antes de que se hiciera efectiva, el 1 de junio. El PAC dejó de abrir desde el cierre del centro de salud (a las tres de la tarde) hasta su reapertura (a las ocho de la mañana), lo que significa dejar sin urgencias al pueblo y otras cuatro localidades de la zona. Deben acudir a su centro de referencia en Trujillo, a 16 kilómetros o unos 20 minutos. “Partiendo de que en sanidad no solo se deben tener en cuenta criterios económicos, ni siquiera han ahorrado, solo han trasladado al personal”, asegura la portavoz. Otros muchos pueblos hacen planteamientos similares. El Gobierno extremeño señala que “la organización de los recursos sanitarios no puede ser rígida, sino que tiene un carácter dinámico y flexible”.
NAVARRA
Perjuicio para los pueblos del Pirineo
El Boletín Oficial de Navarra publicó ayer mismo el decreto foral que reforma la atención primaria en la región y suprime el Servicio de Urgencias Rurales. Ahora se incluye dentro de la atención primaria, y pasan de 40 a 17 los centros que atienden las 24 horas del día. En los 23 restantes se implanta un sistema de guardias localizadas. El departamento afirmó que ahorrará 3,5 millones de euros y que el 99% de la población navarra se encontrará a menos de 30 minutos de un centro de salud.
La reforma del Gobierno de Yolanda Barcina (UPN) llega sin el apoyo político del Parlamento, que aprobó en diciembre una moción pidiendo su retirada, y con la oposición de todos los sindicatos que lo recurrirán ante los tribunales. Los cambios afectan especialmente al área del Pirineo. El Ejecutivo foral esgrime la comparación del gasto por paciente en atención primaria en esa zona, que es de 747 euros al año, frente a los menos de 200 que cuesta en el sur de la comunidad, mucho más poblado. Unos 150 ediles de los valles pirenaicos navarros han firmado un documento en el que reclaman un trato sanitario adecuado a sus características geográficas. “Quince kilómetros en el Pirineo son como 40 en zona llana”, apunta Amparo Vinuales, concejal de Roncal. “Además, aquí las urgencias son a vida o muerte”, zanja.
MADRID
“Sin coche no enfermes de noche”
“Sin coche, no enfermes de noche”. Con ese lema los vecinos de La Fortuna, un barrio de Leganés (Madrid), emprendieron en verano pasado una lucha para evitar el cierre de las urgencias nocturnas de su centro de salud. Pese a contar con la ayuda de su alcalde, que escribió al consejero de Sanidad, de su mismo partido (PP), para “rogarle” que considerara la supresión del servicio, el centro cierra desde el 12 de noviembre sus puertas entre las 20.30 y las 8.30 de lunes a jueves. El alcalde recordaba en su carta que el 70% de los usuarios superan los 65 años de edad, que La Fortuna es “un núcleo de población aislado” y que “el hospital o centro de salud alternativo se encuentra a más de seis kilómetros de distancia”.
La Comunidad de Madrid tomó la misma decisión con los centros de salud Doctor Esquerdo y Barajas, ambos en la capital, esgrimiendo la escasa actividad nocturna. Un portavoz asegura que en los tres casos existe una alternativa “a menos de 10 minutos en coche” y cifra el ahorro en 600.000 euros al año.
MURCIA
Ayuntamientos que pagan las guardias del médico con fondos municipales
Aprovechando el verano, época en la que muchas autonomías cierran o reducen el horario de algunos de sus centros de salud, la región gobernada por Ramón Luis Valcárcel (PP) anunció que suprimía el horario nocturno de cinco de sus puntos urgentes de atención primaria. Un portavoz de la Consejería de Sanidad explica que se hizo un estudio de frecuentación y disponibilidad de centros cercanos y se determinó que se podían, sin perjuicio para los ciudadanos, juntar o suprimir guardias. El ahorro, dos millones de euros. Tres de los municipios afectados han llegado a un acuerdo con la consejería para cubrir con fondos municipales el coste de las guardias.

diumenge, 20 de gener del 2013


Cerca de 2.000 personas, entre vecinos, plataformas sociales, sindicatos y alcaldes de la provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha), se han manifestado este mediodía en el centro de la ciudad guadalajareña para protestar por el cierre de las urgencias nocturnas de sus localidades. La medida fue anunciada el pasado lunes por el Gobierno de María Dolores de Cospedal y afecta a más de 100.000 ciudadanos de una centena de municipios. El jueves, el Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía admitió a trámite el recurso presentado por el alcalde de Tembleque (Toledo), Jesús Fernández (PSOE), y determinó la suspensión cautelar del dicha medida. Aunque la Junta anunció ayer que piensa recurrir el auto.
A pesar de las reticencias de Cospedal, algunos regidores han mostrado durante la marcha su confianza en que el Gobierno regional cambie de postura. También algunos del Partido Popular, como Carlos María de Silva, alcalde del PP en Budia, Guadalajara. Este dirigente considera que la secretaria general de su partido está mal asesorada pero que tarde o temprano "entrará en razón". “La distancia hasta Sacedón, que es donde nos derivan, es de unos 25 minutos, sin mal tiempo, y a la gente mayor es difícil explicarle todo el tema de helicópteros y el 112 cuando además tiene ya un trato familiar con su centro sanitario”, ha ejemplificado De Silva acompañado de vecinos de su pueblo y de otros municipios de la comarca como Chiloeches o el Pobo de Dueñas.
Samuel Herranz, en cambio, no lo tiene tan claro. Es concejal popular en esta última localidad y confiesa sentir reparo. “Me avergüenza decir que soy concejal del PP. Están cabezones y no van a recular a pesar de lo que digan los tribunales”, ha vaticinado. En ese mismo tono de desánimo se han expresado otros políticos de la zona como Juan Carlos Bella, concejal del PSOE en Tordesilos, que ha portado durante el recorrido un féretro simbólico junto a otros vecinos: "Me temo que este entierro se va a oficiar. Además, con la medida algunos pueblos como el nuestro, que están en el límite provincial con Aragón, van a verse despoblados ya que muchos se empadronarán en la autonomía más cercana. Nosotros estamos más cerca de Teruel que de Guadalajara, que es a donde nos quieren mandar”.
La mayoría de los asistentes han llegado a la ciudad manchega en varios autobuses y coches particulares. En total, han recorrido unos 150 kilómetros entre ida y vuelta. Aunque también han asistido vecinos de la propia ciudad y de localidades cercanas como Azuqueca de Henares, situada a 12 kilómetros.
La marcha ha arrancado desde el palacio del Infantado y ha terminado en la plaza de Santo Domingo donde se ha leído un manifiesto en defensa de la sanidad pública y contra el cierre de las urgencias de la comunidad. Durante el trayecto, que ha pasado por la sede de la Delegación del Gobierno, se ha pedido la dimisión del consejero de Sanidad y Asuntos Sociales regional, José Ignacio Echániz, y de la propia Cospedal, a la que se ha invitado a recorrer y conocer los pueblos afectados por la medida.

Las clínicas privadas avisan de que reducirán sus compras de material si el Gobierno sube el IVA a productos sanitarios

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) ha asegurado que la subida del IVA de los productos sanitarios tendrá un "importante impacto" en estos centros sanitarios que, según alertan, "se traducirá en una reducción de las compras" y en una "obsolescencia de la maquinaria".

Así lo han advertido tras sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que acusa a España de haber incumplido la Directiva del IVA al aplicar un tipo reducido del 10 por ciento a estos productos. "Si el Gobierno no lo impide se producirá en algunos casos obsolescencia de la maquinaria, sobre todo en el sector público, dado el estado actual de las finanzas públicas", han denunciado. 

Además, han avanzado que están trabajando con otras entidades del sector de la sanidad privada para tratar de buscar alternativas que "amortigüen" los efectos de una posible subida, para lo que ya han planificado una serie de reuniones y actuaciones con los Ministerios de Sanidad y Hacienda. 

De este modo, proponen un periodo "razonable" de ejecución de la sentencia, incorporación a la normativa nacional y entrada en vigor, con carácter general, sobre todo porque estos centros sanitarios no pueden deducir el impuesto soportado por realizar actividades exentas. 

Asimismo, se propondrá un plazo de incorporación y entrada en vigor de la nueva normativa no inferior a 9 meses, acordándose igualmente plantear la incorporación de disposiciones transitorias, especialmente en lo relativo a concursos públicos, así como a la forma contractual mercantil privada que se determine para centros sanitarios privados, siendo esta forma "prioritaria" para la FNCP.

Por último, también se propondrá que se introduzca la idea de compensación, "necesaria" mediante incentivos fiscales o subvenciones para las inversiones en tecnología, "justificadas por el beneficio social que pueda generar, en términos de empleo, recaudación e innovación y renovación de los equipamientos sanitarios".

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Raquel Sánchez diu: Companys/es, una notícia que conforta... La unió fa la força, oi?


Neix una coordinadora dels hospitals de Catalunya contra les retallades
Els treballadors de 37 centres sanitaris s'organitzen contra les retallades i anuncien una manifestació conjunta el proper 23 de febrer, coïncidint amb la protesta convocada a Madrid.
Diari de la Sanitat
16/01/2013  
Els comitès d'empresa de 37 hospitals, reunits aquest dimecres a Barcelona, han acordat portar a terme acordar accions conjuntes per protestar contra les retallades a sanitat. Han decidit que s’afegiran a la protesta convocada el 23 de febrer pel sector sanitari madrileny. També han segellat la creació d'una coordinadora laboral dels centres sanitaris que tindrà com a primera tasca la redacció d’un manifest conjunt.
Els representants sindicals han anunciat que recolliran firmes de suport, que es lliuraran a la Generalitat el pròxim 23 de febrer després de la manifestació.

Els comitès d'empresa dels hospitals catalans es van unir per protestar conjuntament el passat 2 de gener i, des d'aleshores, s'han anat sumant centres sanitaris a la plataforma, passant de 24 a 37 hospitals. L'hospital Parc Taulí de Sabadell, que era l'únic que seguia amb treballadors acampats en protesta, ha decidit avui aixecar la concentració per seguir només amb les protestes conjuntes.

"Temem que en els pressupostos de 2013 les retallades a sanitat siguin com els de 2010, 2011 i 2012 junts", ha explicat Sergi del Río, president del comité d'empresa de l'Hospital de Sant Pau. Segons ell, els ajustos es concretaran en el tancament de plantes hospitalàries i quiròfans, l'augment de la jornada de treball i una reducció de sou. Durant una entrevista en el ‘324’ el diumenge passat, el conseller de Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, va anunciar que el Govern aprovaria més retallades aquest any i que aquestes afectarien els treballadors de la funció pública.