Aixo Correspon a Denis Groza o Cirujano

¿Qué medico privado debe operar al paciente público?

La Comunidad de Madrid, preocupada por las listas de espera quirúrgicas desde que Esperanza Aguirre prometió dimitir si eran demasiado largas, decidió en 2007 suscribir un contrato marco para habilitar a determinadas clínicas y poder derivarles operaciones. Lo llamó Ocaña, y desde entonces ha estado adjudicando lotes de intervenciones quirúrgicas, como en una especie de subasta, en función de la puntuación que los centros obtuvieron en aquella acreditación hace ya más de cinco años. El contrato, sin embargo, solo tenía un plazo de ejecución de dos años. Y se ha estado prorrogando sin que las clínicas hayan tenido que volver a aportar la información sanitaria que proporcionaron entonces, tal y como confirman dos de ellas.

La opacidad de este sistema de derivaciones, del que ni siquiera se informa en las memorias anuales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), es tal que la Consejería de Sanidad se ha negado en repetidas ocasiones a facilitar a este diario los pliegos de condiciones y a responder a las preguntas sobre el control que ejerce sobre las clínicas tanto tiempos después de haberlas acreditado. Solo en 2012 la sanidad pública derivó a la privada a través del contrato marco Ocaña operaciones por las que pagó 16,5 millones de euros, según un recuento de adjudicaciones realizado por este diario. En ellas se aprecia cómo, por ejemplo, en el caso de las cataratas, las intervenciones se subastan en lotes de 300. Los precios que cobran las clínicas varían: van desde los 525 euros a los 637.

El contrato marco Ocaña se firmó el 28 de mayo de 2007. Era un concurso al que se presentaron las clínicas que querían realizar operaciones de lista de espera para la sanidad pública. La Consejería de Sanidad hizo una selección y a cada empresa le atribuyó una puntuación técnica. “Nos pidieron una serie de documentos y las que superaron los requisitos entraron”, cuentan desde una de las clínicas. El plazo de ejecución del contrato era de dos años. Sin embargo, el Ocaña sigue vigente. La única información que ha proporcionado la Consejería de Sanidad es que tiene previsto renovarlo “próximamente”. Los presupuestos de 2012 ya preveían esa renovación, que supondría volver a acreditar a las clínicas receptoras de pacientes.